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miércoles 21 de octubre de 2015
La Inspección de Trabajo y la acción del sindicato en Castilla La Mancha
  • Artículo de opinión de Lola Santillana Vallejo, Secretaria de empleo y migraciones de CCOO CLM
Hoy se ha celebrado la reunión de la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castilla-La Mancha para analizar y definir la programación para el próximo año. En el marco de nuestra responsabilidad sindical, a partir de nuestra experiencia y conocimiento de la realidad laboral y recogiendo las preocupaciones más acuciantes de las diversas organizaciones sectoriales y territoriales, CCOO elabora cada año propuestas de empleo para orientar e incidir en esta planificación.
Lola Santillana
Lola Santillana
Toledo, 21 de octubre de 2015. CCOO de Castilla-La Mancha, que forma parte de la Comisión Territorial de la Inspección junto con UGT, la CECAM, la Consejería de Empleo y la propia Inspección, presentamos cada año una batería de propuestas de empleo y campañas específicas para su inclusión en la programación del citado organismo de control. De hecho, las campañas llevadas a cabo en nuestra región el año pasado en la poda, el olivo o el melón, fueron como consecuencia de nuestra petición constante de aumentar las actuaciones de las campañas agrícolas.
 
La misión de la Inspección es vigilar el cumplimiento de la legalidad laboral y sancionar a quienes la vulneran. Y en los tiempos que corren, en un entorno con altísimas tasas de paro y con la relajación normativa impulsada por el Partido Popular, la labor inspectora es clave para impedir que nuestro mercado de trabajo se convierta en una jungla.
 
Hay ámbitos empresariales instalados en la transgresión de las normas, hasta el punto que la parte fundamental del lucro depende del abuso y de la irregularidad, cuando no de la explotación pura y dura del trabajador o trabajadora, que demasiado a menudo está indefenso y no puede ni protestar.
 
Cuando el sindicato detecta estas situaciones, las denuncia y las combate,  pero es la Inspección de Trabajo la que tiene la potestad de controlar y sancionar, por eso para el sindicato es un órgano imprescindible.
 
CCOO, realizando un ejercicio de responsabilidad sindical, elaboramos propuestas que trasladamos a la Inspección antes de la celebración de las Comisiones Territoriales para incidir en aquellas actuaciones que consideramos prioritarias.
 
De cara al próximo ejercicio consideramos necesario aumentar y potenciar la actuación inspectora en el área de condiciones de trabajo y concretamente en tiempo de trabajo. Así, el sindicato reclama la especial atención de la Inspección a las horas extras ilegales, muy extendidas en muchos sectores y empresas y cuya supresión permitiría generar miles de puestos de trabajo con contratos a tiempo completo.
 
La campaña que llevamos a cabo el pasado año en relación con las horas extraordinarias, siendo importante, se ha revelado insuficiente para atajar este problema. Por tanto debemos insistir en la reedición de programas de actuación concretos, haciendo especial hincapié en sectores como el Comercio, la Hostelería, el Transporte y Otros Servicios.
 
La perversa utilización de determinadas fórmulas de contratación es otra preocupación del sindicato, que solicita la atención de la Inspección sobre el uso de los contratos para la formación y aprendizaje subvencionados por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. La intención del nuevo Gobierno es mantener las subvenciones a esos contratos, así como a los de prácticas. Nos preocupa que los empresarios recurran a ellos para cazar las subvenciones.
 
Proponemos una campaña específica por la cual la Inspección, en colaboración con la propia Consejería, supervise todos los contratos que conlleven subvención. Nuestra preocupación se centra fundamentalmente en dos aspectos: en el caso de los contratos para la formación, en la impartición cierta de la formación y el cumplimiento de la normativa. Y en el caso de los contratos en prácticas, en la utilización real del personal para el desempeño especificado en el contrato.
 
CCOO CLM también requerimos de la Inspección una actuación urgente para evitar los abusos que se producen en la utilización de las becas en las empresas, una cuestión sangrante que afecta principalmente a personas trabajadoras cualificadas en sectores con alta tasa de paro.
 
Finalmente, pedimos a la Inspección actuaciones específicas en tres sectores concretos: Logística, Cárnicas y Construcción.
 
En la Logística, y concretamente en Guadalajara, pedimos vigilancia y control de las fórmulas de contratación en general y de prácticas en particular. El trabajo que hemos realizado con algunos de nuestros Comités nos ha servido de guía práctica para efectuar este trabajo.
 
Respecto a las empresas cárnicas, dado que en el último año y medio han proliferado los cambios de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena a falsos y falsas autónomas, es necesaria una campaña específica centrada en este sector para evitar las falsas cooperativas de trabajo asociado. Por ello, hemos solicitado una reunión al Jefe Territorial de la Inspección para tratarlo.
 
Otra cuestión que nos ocupa y preocupa es la reaparición de la "mala costumbre" de muchas empresas de la construcción de la región de despedir a sus trabajadores durante las vacaciones del verano. Es verdad que este fraude nunca ha dejado de suceder, pero este año hemos detectado que ha resurgido con fuerza. Es palmario el aumento de personas del sector de la construcción -y también de determinados servicios- que se inscriben en el desempleo precisamente en el mes de agosto, de forma que sus empresarios se ahorran la nómina y las cotizaciones.

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viernes 29 de mayo de 2015
Un cambio hacia la izquierda y hacia la decencia
  • Artículo de opinión de Juan José González, Secretario de Política Institucional y Comunicación de CCOO CLM
Como cualquier resultado electoral las elecciones del 24 de Mayo ofrecen diferentes prismas desde los que analizarlas pero, el más importante, sin duda alguna, es la debacle que el PP ha experimentado en toda España. Una debacle que supone el fin de la hegemonía institucional conseguida en las elecciones autonómicas y municipales del 2011, a la que siguió la victoria en las elecciones generales.
Juan José González
Juan José González
El PP puede perder una gran parte del poder institucional que ostentaba en CCAA y Ayuntamientos tras la pérdida de más de 2,5 millones de votos.


Pero, junto a este dato fundamental, estos comicios cuentan con algunas otras características singulares: a) la resistencia del PSOE, que se mantiene como primera fuerza de la izquierda; b) la irrupción en las instituciones de nuevas fuerzas políticas que, como Podemos, consiguen representación en casi todos los parlamentos autonómicos; c) la presentación de candidaturas plurales que, agrupando diversas fuerzas políticas y plataformas sociales, han estado lideradas por personas independientes con amplia trayectoria social y han obtenido un notable éxito electoral; c) la incorporación de candidatos al frente de los partidos tradicionales de izquierda con perfil cultural e intelectual que han contribuido a prestigiar las opciones políticas que encabezaban; d) la desigual presencia de Ciudadanos, que queda fuera de algunos parlamentos autonómicos, puede ser bisagra en otros y consigue representación municipal muy heterogénea en los ayuntamientos.



El resultado electoral en su conjunto supone un giro a la izquierda en toda regla. Un giro caracterizado, además, por un denominador común: la necesidad de sustituir al PP en las instituciones como responsable y exponente máximo de las políticas de austeridad, devolviendo la decencia a la vida política y propiciado el cambio en las formas de gobernar para impulsar la participación de los ciudadanos en las decisiones y la transparencia e información sobre los asuntos públicos.



Descendiendo a nuestra realidad electoral en Castilla-La Mancha, ésta arroja algunas diferencias respecto del panorama nacional: en primer lugar, la concentración del voto en los partidos tradicionales es notablemente mayor que en el conjunto del país, concentrando entre el PP (37,5%) y el PSOE (36,1%) cerca de un 74% del voto en las autonómicas y casi un 77% en las municipales. Así, la irrupción de Podemos en el Parlamento se produce con un 9,7% y Ciudadanos queda fuera del mismo con un 8,6%. A pesar de ello la restrictiva ley electoral, hecha a medida para mantener el poder, puede haber producido un efecto indeseado por sus impulsores al no haber previsto nuevos actores en el escenario político. Ya se sabe que, como alguien dijo, las leyes electorales las carga el diablo.



Pero, sin duda, el dato más relevante es que en el nuevo escenario la suma de PSOE y Podemos representan una mayoría alternativa al PP de Mª Dolores Cospedal que, al no conseguir la mayoría absoluta, no tiene opciones de gobierno. El resultado, por tanto, es una derrota en toda regla de las políticas de austeridad de las que Cospedal ha sido uno de sus máximos exponentes.



Paga así la doble osadía de pretender imponer en solitario sus políticas de recortes y la prepotencia de una gobernante para la que Castilla-La Mancha solo ha sido un trampolín para su proyección personal en la política nacional dentro de su propio partido.



Esta nueva mayoría representa el cambio político en la región decidido por los ciudadanos y supone una gran oportunidad para reconstruir una comunidad donde la intervención desde el ámbito público impulse la economía, el empleo y la recomposición de los servicios públicos. Algo que resulta imprescindible.



Una nueva mayoría que, más allá de las etiquetas de moderación o nueva centralidad reclamada por unos y la pretendida transversalidad ideológica reclamada por otros, debe responder con responsabilidad a ese giro hacia la izquierda, hacia la decencia en la política y hacia la incorporación de mecanismos de buen gobierno con participación social, diálogo y transparencia.



Así, pues, terminada la campaña electoral, ya no valen los juegos de esgrima dialéctica y, por tanto, se trata de poner en marcha con la urgencia que requiere la situación un verdadero programa de gobierno donde las personas deben estar y ser el eje de la acción política. Y para ello la gobernabilidad es un valor. No se entendería que los pruritos identitarios o los cálculos ante próximos escenarios electorales impidieran asumir los compromisos y las acciones de gobierno necesarias en una región en emergencia social.



Este cambio ilusiona a muchas personas. La nueva política debe consistir sobre todo en no defraudar las expectativas democráticas de los ciudadanos.

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viernes 15 de mayo de 2015
La Encuesta Anual Laboral o El tiro por la culata. La Reforma Laboral a examen
Artículo de opinión de Lucas Sánchez, secretario de Acción Sindical de CCOO CLM, sobre la Encuesta Anual Laboral realizada por el Ministerio de Empleo, la cual viene a reconocer que la Reforma Laboral del PP ha sido un fracaso absoluto y no ha sido capaz de conseguir los objetivos y "bondades" que el Gobierno decía que perseguía.
Lucas Sánchez
Lucas Sánchez
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha realizado la primera Encuesta Anual Laboral (EAL) que formalmente tiene como objetivo principal "obtener información sobre el comportamiento de las empresas en materia laboral" y más en concreto sobre las "medidas aplicadas en las empresas ante cambios en las circunstancias económicas, medidas de flexibilidad interna y otras medidas aplicadas en las empresas en 2013".  Que incluye, además, un apartado sobre "aspectos relacionados con las relaciones laborales"


Esta definición de objetivos, así como el análisis de las preguntas y el período en que se realiza y publica el estudio permiten realizar una primera afirmación: la EAL nace con la intención se servir de aval de la Reforma Laboral de 2012, en un año de intensa actividad electoral.



La EAL cuenta con el dictamen favorable por unanimidad de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística, si bien es cierto que en dicho dictamen se cuestiona la asignación de 323.900€ para su realización pese a que no estaba incluida inicialmente en el Plan estadístico Nacional 2013-2016, habiéndose suprimido otras sí previstas por motivos presupuestarios. Termino situando que la encuesta se realizó durante el año 2014 y que han sido 10.000 las empresas que han formado parte de la muestra. Se puede acceder a su contenido íntegro y ficha técnica en la página oficial del Ministerio.



Para una mejor y más organizada comprensión de mi opinión sobre la EAL y de las conclusiones que de ella se extraen, organizaré este artículo en tres apartados, las medidas de flexibilidad aplicadas por las empresas durante el año 2013, la regulación de las relaciones laborales en éstas y la respuesta que aplicarían en futuros cambios en su nivel de actividad.



Medidas de flexibilidad adoptadas en 2013



Conviene recordar que la Ley 3/12, la de la Reforma Laboral, en su exposición de motivos manifiesta claramente la necesidad de incrementar las medidas de flexibilidad interna en nuestro mercado de trabajo para mejorar su eficiencia y reducir la dualidad laboral. Y presume de medidas novedosas que facilitan a las empresas ajustar sin despedir.



Sin entrar en que el capítulo que se dedica a esto en la mencionada Ley se centra, casi exclusivamente, en regular la extinción de los contratos, es decir los despidos, el resultado de la EAL pone en cuestión la Reforma Laboral de forma contundente: en 2013 tan solo el 6% de las empresas aplicaron exclusivamente medidas de flexibilidad interna y, por el contrario, el 39% solo aplicaron medidas de despidos de fijos y eventuales, de carácter individual o colectivo. Un 21% aplicaron medidas de ambos tipos y el 34% restante no adoptaron medidas.



El burdo tratamiento que el departamento que dirige la Sra. Báñez hace de la EAL a la hora de publicitar sus resultados le lleva a afirmar que el 27% utilizaron las herramientas que la RL le pone a su disposición, cuando es en realidad que sólo 6 de cada 100 lo hizo sin despedir a nadie. No caeré yo en el mismo error, no retorceré los datos para avalar el rotundo fracaso de la Reforma Laboral, no es necesario, la limpia lectura de los datos es suficiente.



Además el estudio pormenorizado de ese 21% que aplicó medidas de ambos tipos nos aporta otros datos clarificadores. En concreto, el 53% de las empresas —que emplean al 70% de trabajadores y trabajadoras— que combinaron medidas internas con externas despidió gente. Y si incluimos la no renovación de contratos temporales, el 61% de las empresas —que emplean al 75% de los trabajadores— redujo su plantilla deshaciéndose de parte de quienes trabajaban con contrato temporal.



En definitiva, el patrón más habitual es que en la inmensa mayoría de los casos las medidas de flexibilidad interna no son más que un complemento casi obligatorio en un plan de ajuste empresarial, en el que la práctica totalidad de las empresas reducen su plantilla con despidos y no renovaciones de contratos.



Podríamos avanzar más profundizando en cuáles de las posibles medidas de flexibilidad interna han sido las adoptadas por las empresas durante 2013, pero alargaría en exceso este artículo. Baste decir que las más utilizadas ya estaban presentes en la normativa legal previa, por lo que de nuevo la EAL deja en mal lugar a la reforma. No obstante invito a consultar el informe realizado por el Gabinete Económico Confederal de CCOO sobre este tema, disponible en www.ccoo.es a quienes quieran mayor detalle al respecto.



Concluyo este apartado recogiendo los datos que avalan que la fórmula utilizada mayoritariamente por las empresas en 2013 para enfrentarse a sus problemas fue el despido, en concreto la EAL revela que en el 39% de las empresas se redujo plantilla finalizando o no renovando contrato a quienes trabajaban de forma eventual y que en el 26% se despidió a quienes tenían un contrato indefinido.



Regulación de las Relaciones Laborales



El Gobierno del Partido Popular cumplió con las recomendaciones del BCE e hizo que los cambios en la negociación colectiva fueran uno de los ejes de su Reforma Laboral. El Real Decreto 3/2012, de 10 de febrero, y la posterior Ley 3/12, de 6 de julio, además de eliminar la ultraactividad de los convenios y facilitar el descuelgue a las empresas, afirma de forma explícita el objetivo de facilitar la descentralización de la negociación colectiva para impulsar la negociación de las condiciones laborales en el nivel más cercano y adecuado a la realidad de las empresas.



El machacón discurso conservador durante los meses previos a la reforma sobre la falta de adecuación de la negociación colectiva a la realidad empresarial dio como resultado el establecimiento legal de la prioridad de los convenios de empresa sobre los de sector en un amplio abanico de materias laborales.



La respuesta de la EAL es contundente en este sentido: las empresas no tenían problemas con el modelo de negociación colectiva; en consecuencia, apenas se ha modificado la situación tras la reforma.



Como dato previo pero muy destacable decir que el 98% de las empresas encuestadas sigue regulando sus relaciones laborales a través de convenios colectivos y que el 2% utiliza otra fórmula, que la encuesta no especifica. Valga esta introducción como dato revelador frente a quienes tildan a la negociación colectiva como algo obsoleto intentando devaluarla y anunciando una supuesta pérdida de su presencia en las empresas.



Pero lo más relevante del análisis que aporta la EAL en este sentido es que la gran mayoría de las empresas encuestadas tiene un convenio sectorial y, además, están contentas con él, como después mencionaré. En concreto, más del 83% de las 10.000 empresas de la muestra regulan sus relaciones laborales con un convenio colectivo de sector, sea éste provincial, autonómico o estatal. Y a considerable distancia se sitúan las empresas con convenio colectivo propio, que no llegan ni al 15% del total.



No existen, además, importantes diferencias según sector productivo, tamaño de empresa o territorio.



Analizando la razón fundamental del fracaso de la Reforma Laboral en su propósito de descentralizar la negociación potenciando los convenios de empresa en detrimento de los sectoriales, vemos que las empresas están a gusto con el modelo de negociación y, en concreto, con los convenios de sector. En concreto el 80% dice estar mucho o bastante de acuerdo con que su convenio se adapta a sus necesidades, frente al 20% que dice estar poco o nada conforme con su convenio.



Y lo que es aún más sorprendente es que las empresas están más a gusto con los convenios de sector que con los de empresa: el 81% de las empresas con convenio sectorial dicen que éste se adapta mucho o bastante a su realidad, mientras que en el caso de los convenios de empresa son el 74%.



Ante estos datos es evidente que las empresas estaban —y están— cómodas en el modelo de negociación colectiva con predominio de lo sectorial y sólo una ínfima minoría, el 3,7%, declaran que los convenios no se adaptan nada a sus necesidades frente a más del 80% que los acepta sin problemas



No parece creíble, pues, que la Reforma Laboral del Gobierno del Partido Popular respondiera a una demanda real de las empresas, aunque cuente con el apoyo de las organizaciones patronales.



Y las empresas vuelven a dar otra respuesta contundente: la inmensa mayoría, el 73%, dice que no quiere cambiar porque el convenio colectivo sectorial se adecua a sus necesidades. Un exiguo 1,6% respondió que no avanzaron hacia un convenio de empresa porque la representación legal de su plantilla no aceptó negociar en esa línea.



Respuesta de las empresas a los cambios futuros en su nivel de actividad



Una de las razones argumentada por los autores de la Reforma Laboral de 2012 era la necesidad de cambiar la forma en que las empresas responden, por un lado, a la caída en su nivel de demanda y, por otro, a la segmentación y dualidad en el mercado de trabajo entre fijos y temporales.



El discurso oficial hablaba de sustituir la flexibilidad externa por flexibilidad interna, es decir, que el ajuste ante los cambios en la actividad no se hiciese despidiendo trabajadores y trabajadoras, sino con fórmulas de gestión del tiempo y de los costes de trabajo.



Pues bien, se hizo la reforma, se abarató y facilitó el despido, se flexibilizó el tiempo y el salario, y la respuesta de las empresas a la pregunta de cómo reacciona ante un aumento de la demanda relevante y de cierta duración es contundente: más del 68% emplearía personas con contrato temporal, esto es, haciendo lo mismo que antes.



Menos de 1 de cada 5 (el 19%) emplearía personas con un contrato indefinido. La inmensa mayoría optaría por contratar temporales, subcontratar o por incrementar las horas trabajadas, mayoritariamente horas extraordinarias que, como bien sabemos, en un alto porcentaje no son ni tan siquiera pagadas.



Este es el absoluto fracaso de la Reforma Laboral del 2012. No se produce el cambio en la cultura empresarial de gestión de los recursos humanos, que sigue anclada en la precariedad contractual, lo que impide avanzar en la estabilidad en el empleo, reducir la segmentación del mercado de trabajo o superar la dualidad.



La situación es la misma si en lugar de por el aumento preguntamos por la caída de la demanda relevante y de cierta duración. El 67% responde que rebajaría los costes laborales. Más del 55% manifiesta que su opción sería despedir gente.



El fracaso de la Reforma Laboral, y la enorme fragilidad del empleo en España ante una futura recaída en recesión, se pone de manifiesto cuando las empresas responden que seguirían ajustando horas y carga de trabajo con los viejos mecanismos: echando a los temporales en primer lugar, aplicando ERE en segundo lugar y, por último, despidiendo indefinidos, el viejo modelo que nos ha hecho pagar un altísimo coste entre 2008 y 2013.



Para concluir me gustaría recordar que el Gobierno del PP desreguló, se quiere lavar las manos y ahora vende las bondades de algo que desequilibró un modelo de relaciones laborales y de condiciones de trabajo de un modo nunca antes conocido en nuestro país. Y que lo hizo en el peor momento posible, pocas semanas después de que los agentes sociales suscribieran el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014.



Este Acuerdo, el II AENC, que sí sentaba las bases para potenciar los ajustes internos frente a los externos, y que sí asumió la responsabilidad de incrementos salariales más que moderados, quedó arrasado por la Reforma Laboral.



La conclusión final tras analizar los resultados de la EAL es que el Gobierno facilitó la vía de ajuste a través del despido y dejó en manos de las empresas todo el poder de decisión para aplicarlo y éstas optaron por la vía más fácil y rápida: reducir sus plantillas.



El resultado ha sido una mayor destrucción de empleo de la que se hubiera dado de aplicarse un modelo más equilibrado en el reparto de los costes de la crisis entre el trabajo y el capital, en la línea de lo pactado en el II AENC.



Y, lo que es aún peor, la EAL señala que este modelo de ajuste vía empleo es el que aplicarían las empresas en el caso de una nueva recesión, de tal forma que, si no se deroga la actual normativa laboral, España volverá a destruir empleo con gran intensidad y rapidez ante cualquier caída en la actividad productiva de las empresas.



Alguien debería asumir la responsabilidad por ello.



Lucas Sánchez



Secretario de Acción Sindical de CCOO de Castilla-La Mancha

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